En este contexto, escoltado por su par bonaerense, Ricardo Casal, Alak expresó: “En estos días, vamos a analizar tres temas fundamentales: la nueva ley para el Servicio Penitenciario Federal, que hará hincapié en la resocialización de los internos y en la profundización de los programas de educación y trabajo, para que cuando egresen de los centros penitenciarios no vuelvan a reincidir en el delito. Y por otro lado, abordaremos dos deudas que la Nación tiene desde que es un país organizado constitucionalmente y que no ha podido aún tener: un Código Contencioso Administrativo Federal y actualizar el Código Procesal Penal, pasando del sistema inquisitivo actual al acusatorio, con lo cual se ganaría mucho en oralidad y en inmediatez”.

“Argentina está prácticamente a un paso de tener, incluso reformados, los tres códigos de fondo más importantes del país: el Civil, el Penal y el Contencioso. Ahora lo que falta es transformar el procedimiento judicial para que los juicios duren menos tiempo, para establecer más la oralidad y para que nuestro servicio penitenciario esté orientado no sólo a la ejecución de la pena sino a la resocialización del interno”, agregó Alak, minutos antes de poner en marcha el Congreso que se desarrolla en el Hotel Provincial.

Sobre la reforma del Código Penal, para la que una comisión liderada por el juez Raúl Eugenio Zaffaroni elaboró un proyecto que de aprobarse dejará sin efecto las casi 1000 modificaciones de los últimos 90 años, Alak señaló: “Argentina dejó de tener un Código Penal. Hoy no lo tiene, porque hay un montón de leyes especiales que son aisladas, contradictorias, desequilibradas en cuanto al monto de las penas. Hay instituciones que están escritas pero que no rigen, como la prisión perpetua. Hay un desorden muy grande en torno al monto de las penas. Y si este código, que se armó con este novedoso mecanismo, se transforma en ley vamos a volver a tener un Código Penal”, celebró el funcionario que defendió la calificación de “garantista” que algunos, peyorativamente, le asignan al proyecto de Zaffaroni. “Toda norma tiene que tener garantías porque está en la Constitución. Es imposible por ley negar esas garantías”, concluyó el ministro.